
Es difícil quedar indiferente tras el visionado del documental ‘Choosing to die’ (‘Eligiendo morir’), emitido en la BBC el pasado 13 de junio. Lo es no solo porque incita a un polémico debate, sino por sus últimos minutos, donde se muestra el suicidio asistido de Peter Smedley, un hotelero británico multimillonario de 71 años afectado de una dolencia neuronal motora.
Ante nuestros ojos, y por voluntad expresa, Peter bebe la sustancia letal que le sumirá en un profundo sueño para después morir. Lo hace sin dudar, sin que le tiemble el pulso. Sus últimas palabras tras la pregunta de la asistente antes de dar el trago mortal fueron “estoy seguro”. Después vendría la despedida de los testigos de su muerte y un mensaje para su esposa: “se fuerte cariño”. Los momentos más incómodos fueron justo antes de caer dormido, cuando pidió beber agua ante la calmada negativa de la asistente. Esos segundos probablemente causaron un nudo en la garganta a su mujer, un nudo que se desató en forma de lágrimas tras darse cuenta de que su marido emitía suaves ronquidos y que ya nunca más despertaría de su sueño.
Así fue el final elegido por Peter Smedley, cuya enfermedad no se encontraba en fase terminal, aunque ya se podía intuir su pérdida de independencia. Tal vez este fue el motivo que le llevó a la clínica suiza Dignitas para poner fin a su vida, una decisión que tomó, según sus palabras, sin estar deprimido, aunque con sentimientos encontrados.
Durante 12 años, Dignitas ha ayudado a mas de 1.ooo personas a morir. Los suicidios asistidos se llevan a cabo en una residencia proporcionada por la organización y bajo la supervisión de asistentes que se encargan de facilitar los fármacos, aconsejar sobre su ingesta y prestar apoyo psicológico y compañía en los últimos momentos del paciente, quien debe consumir la droga por sus propios medios para morir dentro de la legalidad. La ley suiza no castiga ni persigue el hecho de proveer a los enfermos sustancias que pongan fin a sus días, siempre que el paciente esté lúcido, exprese su demanda reiteradamente y pueda consumir la sustancia letal por sí mismo.
El vacío legal que ampara el suicidio asistido en Suiza ha provocado que muchos enfermos que viven en países donde está prohibido, como España y Reino Unido, decidan viajar a este país para solicitar los servicios de Dignitas. Los pacientes, así, tienen la opción a morir de forma legal, claro que ayudar a morir no sale barato: la cifra ronda entre las 10.000 libras. Según la organización Dignitas este dinero es necesario para pagar los análisis forenses y el posterior entierro o cremación del cadáver.
Desamparo legal
A pesar de las muchas críticas que ha recibido la BBC por emitir el documental, como la del portavoz de la organización Care Not Killing (Cuidar, No Matar) Alistair Thompson que denunció a la BBC por “emitir mera propaganda fácil del suicidio asistido”; el tema principal del documental no trata de “glorificar el suicidio”, como critica el obispo anglicano Michael Nazir Ali, sino mas bien condenar una situación de desamparo legal para aquellos que deciden que su vida no es digna de ser vivida y, por lo tanto, quieren morir. La falta de legalidad en sus países, obliga a estas personas a contratar los caros servicios de determinadas organizaciones y morir en otro país, lejos de sus casas, en una residencia impersonal como la elegida por Smedley, ubicada en una zona industrial cerca de Zúrich. El criticado documental “pone de manifiesto que Dignitas no es una opción ideal, preferiríamos que se tuviese la oportunidad de morir en el hogar o como se elija”, comenta una portavoz de una organización británica a favor del derecho a una muerte digna.
Precisamente la opción del enfermo a tener la última palabra sobre su muerte, es el argumento a favor de aquellos que exigen protección legal tanto para el enfermo como para el personal médico que lo trata. En España, las practicas eutanásicas (el suministro fármacos letales a un enfermo terminal) y el suicidio asistido (la facilitación de sustancias para que sea el enfermo quien acabe con su vida) son ilegales.
A pesar de que el Gobierno español ha anunciado recientemente su proyecto para aprobar una ley de muerte digna, todavía queda mucho camino por recorrer para su regulación. La Iglesia sigue constituyendo un grupo de presión contrario a estas prácticas ya que, para la institución religiosa, la vida es un bien superior que pertenece a Dios. Otros sectores conservadores se muestran reticentes puesto que temen que la muerte inducida se practique en personas vulnerables.
Debido a la falta de regularización, en nuestro país se practica la eutanasia o ayuda al suicidio en clandestinidad. Como se indica en un reportaje de El País publicado en 2005, la forma más común implica el suministro de fármacos a enfermos terminales para acortar su vida en días o semanas. Según una encuesta del CIS realizada a 1.900 médicos en 2002, el 27,3% de los facultativos había recibido alguna vez la petición de administrar fármacos para acelerar o causar la muerte de un paciente. En otra encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) realizada en 2000, el 21% reconocía que en España se practican suicidios asistidos y eutanasias a pesar de estar prohibidos.
Aunque en España están garantizados los cuidados paliativos para todo aquel paciente que los requiera, el 84,6% de los médicos encuestados por el CIS considera que éstos no resuelven todos los casos. Así, la minoría de pacientes que solicita morir de forma digna queda desamparada por la ley, por lo que solo le queda la alternativa de acabar con su vida en la clandestinidad o en una fría residencia como la de Dignitas, lejos de su hogar.
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